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Valorar toda vida requiere de intervenciones viables y efectivas para reducir factores de riesgo asociados a muerte prematura. A esta finalidad contribuye el conocimiento científico que informa medidas de salud pública. Este principio aplica a la población encarcelada. El prohibicionismo pena con cárcel el uso de ciertas drogas, incluyendo a quienes padecen la condición crónica de un trastorno de uso de opioides, arriesgándoles a morir de una sobredosis por falta de acceso a tratamiento efectivo en comunidad y prisión.
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