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El secretario del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago, en coordinación con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, anuncian en tono autoritario y con visos de tomar represalias, que los patronos deben informar los nombres de los trabajadores que no aceptan un empleo con su empresa para continuar buscando un mejor empleo. El derecho a renunciar al empleo debió ocurrir en Puerto Rico a partir del 22 de marzo de 1873 cuando quedo abolida la esclavitud como parte del régimen de trabajo.
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