

Resignarnos a aceptar la impunidad es aceptar la corrupción gubernamental y consecuentemente toda la corrupción en la sociedad. Es equivalente a dar por bueno el que unas personas se sitúen por encima del resto de la sociedad con el derecho a despilfarrar los bienes del colectivo y utilizarlos para uso privado y personal. Es permitir el robo y el fraude. Es socavar las bases de una sociedad que se autodenomina democrática y colaborar en el enriquecimiento de unas pocas personas a expensas del empobrecimiento de muchas otras. Es hacer lícito el que fondos destinados para la mitigación de algunos males en la sociedad se pierdan, condenando al país a “no sacar los pies del plato” y hundirse en la mediocridad impuesta, condenando a grandes sectores de la sociedad a la pobreza y convirtiendo a la pobreza en un estado natural.
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