Las múltiples crisis económicas, políticas y de eventos naturales de las últimas dos décadas no han estado exentas de consecuencias irónicas. El reclamo creciente por el fin del bipartidismo figura como uno de esos giros no contemplados por los administradores de las crisis, el PNP y PPD. Sin planteárselo, sus agendas reformistas, que incluyeron despidos, reestructuración de los sistemas de retiro y recortes presupuestarios a agencias y municipios, socavaron no solamente la legitimidad del sector público como procurador del bienestar común, sino también su viabilidad futura como administradores perennes del gobierno. Las crisis (y sus manejos), además de exponer las contradicciones de nuestro modelo económico y nuestra subordinación política, nos permitieron entrever la complicidad de la gestión gubernamental del PNP y PPD con varios de los grandes problemas que enfrentamos: deudas públicas de dudosa legalidad, agendas desarrollistas insostenibles y componendas corruptas que estrangulan los servicios públicos. En fin, las medicinas amargas y ajustes de correa que desmantelaron servicios y beneficios adquiridos acabaron también por disipar el halo tras el cual se ocultaban prácticas político-partidistas que intensificaban los estragos de las crisis.