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La Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores no Asegurados —que son en su mayoría suplidores del gobierno, empleados públicos y otros que nunca han tenido garantías de cobrar lo que se les adeuda—, han demandado a una compañía conocida por sus siglas, URS, compuesta por unos ingenieros que estuvieron años certificando que la Autoridad de Energía Eléctrica iba viento en popa, cuando en realidad se estaba cayendo en pedazos.
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