El reclamo de auditar la deuda no se reduce a un mero ejercicio contable. Se trata de despejar el camino para una reestructuración justa y de exigir responsabilidades, plantea Francisco A. Catalá Oliveras
El reclamo de auditar la deuda no se reduce a un mero ejercicio contable. Se trata de despejar el camino para una reestructuración justa y de exigir responsabilidades, plantea Francisco A. Catalá Oliveras
El nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda del gobierno central – Obligaciones Generales y bonos de la Autoridad de Edificios Públicos – ha suscitado las usuales controversias entre diversos actores: la Junta y el gobierno, grupos de bonistas y diferentes entidades de la sociedad civil. El acuerdo mejora las garantías a los bonistas y propone una quita o descuento de no más de 25 por ciento, es decir, recibirían entre 72 y 75 centavos de cada dólar que prestaron al gobierno. Esto significaría ganancias extraordinarias para aquellos bonistas que, aprovechando la crisis, compraron tales bonos en 20, 30 o 40 centavos por dólar. Además, la Junta reconoce como buenos a ciertos bonos que anteriormente consideró ilegítimos o nulos.
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