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Por ley, no menos del 70% del presupuesto del Departamento de Educación debe estar dirigido “a servicios directos a los estudiantes en las escuelas” (Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, según enmendada). La semana pasada, el juez Alfonso S. Martínez Piovanetti ordenó a la secretaria de Educación que finalmente cumpliera con la ley.
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