No me gustaría pensar que la corrupción en nuestras instituciones públicas es algo endémico en Puerto Rico, pero las recientes noticias aportan a esta teoría. En aras de buscar soluciones a este problema que mina la confianza en nuestros servidores públicos propongo que la Asamblea Legislativa considere seriamente una ley para prohibir los revolving doors o el acto de pasar del sector público al sector privado (o viceversa) y beneficiarse con dinero del erario. Un ejemplo de esto sería un asesor municipal que luego pasa a ser contratista privado de ese mismo municipio. Dicha ley prohibiría y penalizaría este tipo de conducta.
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