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Es altamente impropio, y atenta contra los principios cardinales de nuestro sistema de justicia penal, que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) esté facultada en ley para suspender de sus funciones a un alcalde electo sin tan siquiera haberlo acusado criminalmente ante un tribunal. Es el ejemplo más craso de una institución que se convierte en juez y parte.
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