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El propósito inicial de la Ley PROMESA era hacer el pago de la deuda, llamada incobrable por el ex gobernador Alejandro García Padilla, y restablecer el crédito de Puerto Rico en los mercados financieros de los Estados Unidos. La nueva Junta de Supervisión Fiscal (JSF) designada por el president Barack Obama y el Congreso de los Estados Unidos estaba preparada y dispuesta para la tarea.
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