Opinión
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21 de abril de 2025
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La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva #14192 declarando su intención de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Presentó la decisión como un intento de devolver el poder a los padres y a los gobiernos locales, parte de una narrativa política más amplia diseñada para energizar a electores conservadores que creen que el gobierno federal se ha entrometido demasiado en los salones de clase. Sin embargo, detrás del espectáculo existe una realidad constitucional y práctica: una medida de esta magnitud no puede realizarse sin la acción del Congreso. Ninguna orden ejecutiva puede eliminar una agencia de nivel de gabinete creada por ley. Mucho ruido y pocas nueces.
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