De alterarse el esquema de tributación privilegiado que la isla brinda, la autonomía fiscal de Puerto Rico será cosa del pasado, escribe Carlos Díaz Olivo
De alterarse el esquema de tributación privilegiado que la isla brinda, la autonomía fiscal de Puerto Rico será cosa del pasado, escribe Carlos Díaz Olivo
Hace medio siglo, Puerto Rico adoptó como estrategia de desarrollo económico la atracción de capital externo, principalmente estadounidense. Esta política es posible por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Downes v. Bidwell. En esta decisión se resolvió que la Cláusula de Uniformidad de la Constitución federal no aplica a los territorios. Por consiguiente, en términos contributivos, el Congreso puede tratar a Puerto Rico de manera distinta al resto de la Unión. Así lo hizo el Congreso al aprobar las secciones 931, 933 y 936 del Código de Rentas Federal. En términos prácticos, estas disposiciones liberan de gran parte de la tributación federal a las personas y empresas que operan en la isla.
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