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Desde su creación, la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) ha sido vista como una esperanza para modernizar los sistemas del gobierno y alinear a la isla con las mejores prácticas digitales globales. Sin embargo, esta misión ha quedado atrapada en una red de intereses políticos y económicos que obstaculizan su desarrollo. Un problema clave es la falta de confirmación de sus directores por parte del Senado, situación que refleja interferencias externas y evidencia un modelo institucional que necesita reformas inmediatas.
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