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Los últimos meses han puesto de manifiesto que el liderato gubernamental no ha aprendido nada con la quiebra del país. Basta con ver la repartición de $475 millones en bonos a empleados públicos y al Ejecutivo proponiendo la semana pasada un nuevo plan fiscal con incrementos en gastos, entre estos, $850 millones adicionales para cubrir aumentos salariales, $314 millones anuales para los municipios y $132 millones anuales para el nuevo plan de clasificación y retribución. Si bien muchos de estos desembolsos podrían justificarse, la pregunta crítica no es si son simpáticos o incluso necesarios, es si pueden costearse hoy y en el mañana con fondos recurrentes sin ahogar a los que pagamos contribuciones.
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