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El gobernador Pedro Pierluisi firmó recientemente la Ley 35 de 2024. El estatuto atiende el problema de embarcaciones abandonadas en Puerto Rico. Le ley se refiere a las embarcaciones o vehículos de navegación que ha sido abandonados o que “ha sido dejado, renunciado o entregado por su dueño, sin la intención de reanudar cualquier interés o derecho en este”.
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