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Aplaudimos las iniciativas legales del Gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal en contra de personas y entidades que presuntamente han talado mangles, rellenado manglares y construido ilegalmente estructuras en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos, ubicada entre Guayama y Salinas. Es imprescindible enviar el mensaje contundente de que los crímenes ambientales no quedarán impunes. No fijar responsabilidades constituiría una invitación abierta al libertinaje ambiental.
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