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El desmantelamiento gradual e intencional de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no solo atenta contra la oferta académica, también contra los proyectos que brindan servicios a las comunidades. Hablamos, en específico, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, la Escuela de Derecho tiene tres proyectos: Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV), “Resiliency Law Center” y el Proyecto ADN Post Sentencia. A su vez, la Clínica de Asistencia Legal cuenta con varias secciones que atienden diversos temas como notarial, penal, civil, ambiental, desarrollo comunitario, discrimen por orientación sexual e identidad de género, quiebras e inmigración, entre otras. Para muchas personas los servicios que se ofrecen en la UPR son parte de las pocas opciones que tiene disponible la población indigente del país para acceder a la justicia.
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