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El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de favorecer a la Junta de Supervisión Fiscal en su empeño de negar acceso al pueblo de Puerto Rico a ciertos documentos solicitados por el Centro de Periodismo Investigativo. La única voz disidente fue la del juez Clarence Thomas, quien puso en evidencia la principal deficiencia técnico-jurídica de la opinión mayoritaria.
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