Durante la discusión del proyecto de ley del llamado empleador único, advertí la preocupación sobre la posibilidad de que miles de empleadas y empleados públicos quedaran desamparados, sin foro apelativo, para poder impugnar las decisiones del Gobierno en su función de patrono, en diversas acciones vinculadas al principio de mérito y el concepto de movilidad que se establecía en el proyecto.
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