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Las elecciones de 2020 en Puerto Rico redefinieron el mapa político de la isla y pusieron en evidencia las deficiencias del Código Electoral vigente. Desde entonces, la oposición centró su discurso en la necesidad de enmendarlo, señalando aspectos neurálgicos como problemas vinculados al voto adelantado y a las posiciones de liderato en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Sin embargo, tras cuatro años de debates y negociaciones fallidas, la sesión legislativa del año electoral 2024 concluyó sin que se lograra un consenso y, por ende, el Código Electoral se mantuvo inalterado.
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