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Es sorprendente la tranquilidad con la cual las personas que nos gobiernan afirman que las protestas ciudadanas deben dirigirse a LUMA o a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Esa afirmación denota una visión de la energía eléctrica como un asunto individual y no uno colectivo y, por tanto, algo que debería atenderse directamente con la compañía privatizadora. Lamentablemente, este acercamiento es uno frecuente a los asuntos comunes que, de manera acelerada, se privatizan y, con la privatización, el Estado se desvincula por completo de lo que, en otro tiempo, se consideraba su responsabilidad.
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