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La operación ilícita de los alojamientos independientes a corto plazo se ha discutido en la legislatura y en reseñas investigativas. El debate se ha centrado en la gentrificación y su impacto negativo en las comunidades residenciales; y ha excluido temas importantes como la calidad, la seguridad, la evasión de impuestos, aranceles, licencias y permisos, que exceden $70 millones anuales, junto al rol de inversionistas extranjeros en el crecimiento de 650% de este segmento desde 2016 y la equidad competitiva.
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