Hace cuatro décadas el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que la “libertad de información” es un derecho fundamental que tenemos todas las personas que integramos la ciudadanía del país. Eso ha significado que todas las personas tenemos derecho de acceso a toda información gubernamental, como presupuesto indispensable de los derechos a expresar ideas informadas, a votar inteligentemente, a exigir del gobierno la reparación de agravios y a participar en la cosa pública del país. La premisa fundamental es que —recordando las palabras de Lincoln en Gettysburg— el gobierno es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En el curso de esas cuatro décadas el mismo Tribunal ha resuelto que el derecho abarca el acceso a información judicial.
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