

El axioma central de nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la dignidad del ser humano es inviolable. Nuestra política pública reconoce que la salud merece, y debe tener, la más alta prioridad por parte del gobierno. A través de legislación se han creado agencias, programas y servicios, y se han dispuesto sus responsabilidades. También varias cartas de derechos como la Carta de Derechos para personas que reciben servicios de salud mental, la Carta de derechos del Paciente y la Carta de Derechos de las personas con impedimentos.
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