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Con esta frase lapidaria, el fiscal Héctor Rivera Cruz trituraba a los testigos, logrando confesiones sobre su participación en torno a la emboscada tendida a los jóvenes puertorriqueños Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado Torres al Cerro Maravilla para ser vilmente acribillados por policías del gobierno mientras clamaban por sus vidas.
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