Opinión
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21 de abril de 2025
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La independencia judicial no es un privilegio de los jueces y juezas. Es una protección para los ciudadanos que confían sus controversias a nuestras cortes y las someten para su resolución, con la legítima expectativa de que serán resueltas por jueces cualificados, imparciales, justos y neutrales. Este principio constituye un pilar esencial de la democracia, corolario de la fundamental separación de poderes. En un mundo donde las controversias legales reflejan los mayores retos sociales y políticos, los jueces son los custodios del estado de derecho, un poder que no puede ni debe doblegarse ante la presión política o popular.
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