Opinión
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22 de febrero de 2025
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La Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico (Ley 57-2014) establece un marco regulatorio que exige la implementación de tarifas justas, razonables y no discriminatorias por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y otras entidades que operan en el sector energético, como LUMA Energy y Genera PR. Aunque estas últimas son contratistas privados de la AEE, su responsabilidad bajo este marco regulatorio no puede ser minimizada. Tanto LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución, como Genera PR, responsable de la generación de energía, tienen las mismas obligaciones de regulación colaborativa que tenía la AEE antes de la privatización de estos servicios.
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