El pasado lunes, 3 de agosto, fue histórico para Puerto Rico, gracias a la decisión emitida por el juez federal William Young, quien determinó como inconstitucional el discrimen hacia los puertorriqueños por parte del gobierno de Estados Unidos al negarle la ayuda en los tres principales programas de beneficencia. El juez ordenó que el gobierno de Estados Unidos brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.
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