En el caso de Puerto Rico se ha documentado cómo más de $2,500 millones, tanto federales como estatales, van dirigidos al pago de primas a las aseguradoras privadas, escribe Nylca J. Muñoz Sosa
En el caso de Puerto Rico se ha documentado cómo más de $2,500 millones, tanto federales como estatales, van dirigidos al pago de primas a las aseguradoras privadas, escribe Nylca J. Muñoz Sosa
Las crisis del sistema de salud de Puerto Rico luego de su privatización y al menos por los pasados 20 años han sido recurrentes. Se han caracterizado por la falta de acceso a los servicios, el aumento en los costos, la disminución de la calidad, la escasez de recursos humanos, el déficit financiero de las agencias gubernamentales encargadas de asegurar que se brinden servicios a la población médico-indigente del país, el mal uso de los fondos públicos y la falta de transparencia en la contratación. Más allá de las denuncias y consignas a favor de un sistema universal de salud, es necesario precisar conceptos e identificar hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Un primer paso es llamar la atención a la utilización del término “cobertura universal de salud” en lugar de un “sistema universal de salud” como alternativas para atender las crisis.
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