

El nombre de Hermes Ávila Vázquez, acusado de feminicidio y convicto, previamente, de asesinato ha sido —en principio— el responsable de un amplio debate sobre el funcionamiento del Departamento de Corrección, sus contratistas independientes y, claro está, la propia Ley 25. Esta última, aprobada en 1992, permite que la referida agencia conceda pases extendidos a la libre comunidad a pacientes con SIDA en tu etapa terminal. Pero, posteriormente, se extendió a otras condiciones terminales y, en ambos escenarios, se requiere una determinación de que la persona no sea un peligro para la sociedad.
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