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23 de febrero de 2025
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En agosto del 2021, ocho trabajadoras sociales presentaron una demanda para impugnar la constitucionalidad de la Ley 171-1940, que reconoce al trabajo social como profesión en Puerto Rico y establece la colegiación compulsoria para su ejercicio. Las demandantes arguyeron que el requisito contemplado en la ley “interfería con su derecho a la libre asociación, por lo que era inconstitucional”. El 5 de abril de 2022, la jueza Iris Cancio González declaró ha lugar la petición de las colegas.
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