La guerra que se está produciendo ahora mismo en el Catatumbo no es nueva ni finalizará el día -que debería ocurrir durante las próximas semanas- en que las fuerzas armadas de Colombia tomen el control militar de la zona e impongan una tregua por la fuerza. Continuará inexorable, eso lo saben todos los involucrados, incluso el Estado colombiano.

Hay que recordar que el Catatumbo es una rica región de aproximadamente 1,930 millas cuadradas (5,000 kilómetros cuadrados), que está ubicada en la zona norte del Departamento Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, y la parte sur del Departamento del Cesar (Valledupar es su capital). Hacia el oeste se extiende, de forma natural, hasta el lago de Maracaibo. Ese es el argumento por el que, en libros de geografía y en los usos del periodismo, a menudo se habla del Catatumbo como una región transfronteriza.

Las razones por las que el Catatumbo es un territorio en disputa son muchas y están relacionadas con su geografía. Mencionaré las dos más importantes. En primer lugar, es una zona de comprobadas riquezas naturales. Además de combustibles fósiles como petróleo y carbón, y de minerales como uranio, sus suelos son extraordinariamente fértiles -de hecho, es una región habitada por miles de pequeños productores agrícolas y ganaderos-, y en sus ríos son numerosas las especies comestibles. Es, huelga decirlo, un espacio apetecible. En segundo lugar, es una zona fronteriza con todas las consecuencias que ello puede tener en este siglo XXI cuando del lado venezolano el poder lo detenta desde hace un cuarto de siglo un régimen estructuralmente delincuente.

Basta un rápido vistazo por la historia del Catatumbo para constatar que, desde finales de los años cuarenta del siglo XX, cuando estalló la que se conoce como “la guerra de los colores”, la violencia política, las confrontaciones armadas y las masacres han sido recurrentes en la zona. Apenas han vivido períodos de paz prolongados. En reportajes realizados en la zona, los habitantes recuerdan, por ejemplo, las sucesivas masacres a partir de 1999, cuando las Autodefensas decidieron erradicar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la región. También entonces, cuando se producían escaladas en los combates, se sumaban víctimas entre civiles habitantes de la zona y familias desplazadas de sus hogares.

Pero esto no es todo: la proximidad con Venezuela ha sido un factor de mucha atracción para los grupos ilegales, que han escogido la zona como aliviadero y guarida, y también para cometer crímenes en uno y otro lado de la frontera, con la ventaja de tener, a una pocas millas, una puerta abierta por la que huir hacia Venezuela o hacia Colombia, según donde hayan sido cometidos los delitos.

Hasta la hora en que escribo este artículo, la mañana del viernes 24 de enero, distintos reportes señalan que las muertes ocasionadas por los combates entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN podrían ser más de 100, los desplazados más de 32,000 y un número impreciso de secuestrados, entre 20 y 50 ciudadanos, según las distintas fuentes.

Se ha venido repitiendo en los últimos días que el conflicto es el resultado de la inviabilidad o del fracaso del programa de paz que ha intentado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordemos que el 17 de enero, el mandatario anunció a la sociedad colombiana que suspendía el proceso de paz porque los crímenes cometidos por el ELN en la región del Catatumbo demostraban, sin atenuantes, que ese grupo no tiene interés alguno en la paz. De hecho, y esto fundamental, se refirió al grupo como “organización narcoarmada”, lo que significa ratificar que el ELN carece de fundamentos o intereses políticos y que es, en lo esencial, una banda, dueña de un poderoso armamento, dedicada al narcotráfico.

La ferocidad de los crímenes cometidos hace patente que el ELN es un activo enemigo de la paz: ha ido casa por casa para ejecutar a líderes campesinos y dirigentes sociales que fueron promotores y firmaron declaraciones a favor de la paz en años anteriores. El propósito de la narcoguerrilla es erradicar los programas de paz e instaurar en el Catatumbo un reino de terror, fuera del control del Estado, que le permita ejecutar sus operaciones de narcotráfico y cumplir con los acuerdos y servicios comprometidos con el régimen de Maduro.

Hay que detenerse en la extrema gravedad de la situación. Además de las disidencias de las FARC y el ELN, en la zona también están presentes el Ejército Popular de Liberación y al menos tres grupos paramilitares, que han escogido operar sin identificarse. ¿Por qué esa concentración de delincuentes organizados y armados?

Básicamente porque luchan por tierras de estupenda calidad para el cultivo de la planta de coca; luchan por el control de las rutas del narcotráfico y luchan por asegurar el suministro de cocaína procesada a las organizaciones responsables del transporte a distintos mercados, que reciben la mercancía en territorio venezolano y la trasladan en aviones y por vía marítima al Caribe, México, Estados Unidos y Europa. Lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe correspondiente al año 2023: Norte de Santander es el departamento donde más ha crecido la producción de cocaína en la última década.

Sin embargo, todavía hay un hecho sustantivo que sumar: sostengo que la que se libra en el Catatumbo es también una guerra de Nicolás Maduro. Cuando él accede al poder en 2014, el vínculo predilecto del chavismo era con las FARC. Sin embargo, tras los acuerdos de La Habana, las relaciones con el ELN se potenciaron rápidamente. Entre 2015 y 2023, el ELN desplazó, de forma fija o por temporadas, a la mitad de sus integrantes al territorio venezolano. Se les protegió militarmente; se les contrató para hacer operativos de desalojo de zonas mineras; el régimen los ha usado para amedrentar y atacar a la oposición democrática; les han entregado el control militar de varios municipios en el sur del territorio; les han provisto de armas, servicios de salud y hasta de lugares de descanso; les han permitido adquirir terrenos y viviendas, crear negocios y empresas que son fachadas de mecanismos de lavado de dinero.

Maduro ha sido por más de cinco años, esto hay que repetirlo, el responsable del fortalecimiento de la estructura organizativa, logística y militar del ELN. Lo ha apoyado en su propósito de despejar el Departamento de Norte de Santander y ponerlo a funcionar a pleno rendimiento como territorio exclusivo del narcotráfico. La guerra del Catatumbo es la operación previa y necesaria para cumplir con ese objetivo. También es, esto es lo esencial, la intromisión descarada y muy riesgosa del régimen de Maduro en la seguridad, la estabilidad y la vida pública de la hermana nación colombiana.