Los conflictos entre vecinos, turistas y operadores continúan, y, al no haber una regla clara, las decisiones judiciales se retrasan y provocan que los casos sean más largos y caros, escribe Pedro Cabán Vales
Los conflictos entre vecinos, turistas y operadores continúan, y, al no haber una regla clara, las decisiones judiciales se retrasan y provocan que los casos sean más largos y caros, escribe Pedro Cabán Vales
El alquiler a corto plazo, popularizado por el auge de plataformas cibernéticas como Airbnb, vuelve a ser tema de actualidad a raíz de dos sucesos que ocurrieron en los pasados días. Primero, la mayoría del Tribunal Supremo pospuso, una vez más, resolver si esa actividad es de carácter comercial, turístico o residencial. En segundo lugar, el Senado derrotó un proyecto de ley que proponía tomar una postura sobre este asunto al recomendar una regulación uniforme, incluyendo restricciones. Tal inacción puertorriqueña resulta más llamativa, si se toma en cuenta que esta misma semana la ciudad Española de Barcelona, potencia mundial de la industria turística, anunció que prohibirá los alquileres a corto plazo en cinco años. Mientras, otras ciudades, como Nueva York, Berlín o Ámsterdam, por solo mencionar algunas, han tomado medidas claras para regular esta práctica
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