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Todos y todas debemos asumir nuestra respectiva responsabilidad social. Un poder judicial independiente y fuerte es el último refugio que le queda al pueblo cuando este reclama el cese a la corrupción gubernamental. Ese reclamo señala la causa de esto a una monarquía bipartidista al servicio de una monarquía financiera que ha contaminado los poderes ejecutivo y legislativo de Puerto Rico, poniendo en riesgo los fundamentos de una democracia participativa y del sistema republicano de gobierno.
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