Durante el pasado mes, el oficialismo ha revivido el controversial tema de la videolotería como potencial mecanismo de recaudo para atajar la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico. La discusión pública sobre el tema ha incluido, aparte del debate moralista que permea todo asunto relacionado a los juegos de azar, una marcada divergencia de posturas sobre la exégesis de una opinión legal que emití durante mi incumbencia como secretario de Justicia en el año 2009, y la cual versa sobre la facultad legal del secretario de Hacienda para autorizar dicho juego sin la necesidad de acción legislativa previa.
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