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Estamos en un estado de emergencia; no bajo la ley marcial, la que solamente se puede declarar “cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas” (Sec. 4, Art. III Constitución de Puerto Rico). Actualmente en Puerto Rico no hay peligro inminente de rebelión o invasión que atente contra la seguridad pública. Un estado de emergencia no faculta al gobierno a suspender los derechos constitucionales; solamente permite al Estado tomar medidas para proteger la salud pública que, a no ser por la emergencia, no podría adoptar.
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