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En una democracia, el ejercicio legítimo del poder debe fundamentarse en razones entendibles razonablemente. Es decir, que no sólo se compone de normas, sino que debe basase en ellas. Es imposible explicarnos un estado de derecho legítimo, que persista a través del tiempo, distinto a los gobiernos de turno que lo dirijan, sin suponer que, en el fondo, este regulado por normas con base en un principio de justificación pública razonable. Sin estándar de razón pública común al cual recurrir para resolver controversias de convivencia mutua, no sobrevivimos como democracia.
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