En Puerto Rico, el sistema judicial enfrenta un desafío constante cuando se trata de casos de deslinde y mensura de propiedades. Como perito agrimensora, he tenido la oportunidad de observar de cerca cómo, a pesar de contar con la experiencia técnica y el conocimiento profundo de las reglas de la agrimensura, los jueces, en ocasiones, llegan a conclusiones que no reflejan la verdadera naturaleza de los procesos. Esto se debe, en gran medida, a la falta de deferencia hacia la pericia del agrimensor, cuyo trabajo científico es esencial para garantizar la precisión en los límites de las propiedades.
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