En todo sistema político se presume la capacidad estatal de regular y movilizar sectores de la sociedad para atender asuntos relativos al bien social, como la conservación ambiental. Con el acenso del movimiento ambientalista a nivel internacional, y la visibilización científica del impacto negativo sobre ecosistemas de la producción industrial y consumo desmedido, varios estados han realizado políticas regulatorias dirigidas a la conservación natural y la sostenibilidad. Muchas de estas han sido vistas por actores privados como obstáculos al desarrollo económico, llevando a un patrón histórico de lucha contra la regulación “verde” por parte de actores cuyo lucro depende de la explotación ambiental. No obstante, muchos casos de estudio demuestran que compañías que operan bajo un marco de conservación ambiental público y planes de sostenibilidad reducen gastos, e incrementan su eficacia al igual que su reputación, demostrando que el compromiso corporativo con el ambiente es totalmente posible y plausible.