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El pasado abril, varios miembros de la comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes realizaron una conferencia de prensa para anunciar, con bombos y platillos, dos piezas legislativas que restructurarían la forma de atender los asuntos de corrupción en Puerto Rico. Basta con leerse las casi 200 páginas de las medidas para saber que solo son capota y pintura, como se decía en mi barrio. Los proyectos de la Cámara 1701 y 1702 pretenden, entre varias cosas, eliminar la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de Puerto Rico.
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