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Anoche, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión para declarar la invalidez de la moratoria federal de desahucios. La moratoria, que protege la vivienda de cerca de 7 millones de personas inquilinas, se puso en vigor a través de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) bajo el entendimiento de que mantener un techo seguro es un asunto de seguridad pública ante la pandemia. Mientras caseros y compañías privatizadoras de vivienda pública celebran la decisión, urge entender sus implicaciones en Puerto Rico.
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