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El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió finalmente la decisión en el caso Dobbs v. Jackson. En este caso se revocan los precedentes de Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992). La consecuencia es nefasta para muchas mujeres y personas gestantes que viven en estados que prohíben el aborto. Pero las consecuencias pueden ir mucho más allá. El lenguaje de la decisión abre puertas para la eliminación de otros derechos reconocidos. Ahora les toca a los gobiernos estatales, de los territorios y a las personas que elegimos quién nos gobierna, colocarnos en el lado de la defensa de los derechos humanos o por el contrario retroceder en el tiempo y dejarnos arrebatar derechos adquiridos.
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