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Propuestas dirigidas a modificar el procesamiento criminal de los menores en Puerto Rico han sido objeto de discusión durante los pasados meses. El país está próximo a adoptar e implementar una nueva política pública sobre este tema sin el beneficio de una de las herramientas más importantes que tenemos disponibles en la actualidad. Me refiero a las prácticas basadas en evidencia (PBE) y su uso para atender responsablemente el tema de la violencia comunitaria.
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