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Hoy nadie duda de que los estados democráticos deben tener herramientas jurídicas para atender situaciones pandémicas, sin salirse de la legalidad ni de las normas éticas vigentes. Ante la propagación del COVID-19, millones de personas en el mundo entero han visto restringida su libertad de movimiento y de reunión. Sin embargo, estas medidas urgentes no suspenden los derechos humanos fundamentales.
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