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Es nefasto para el bienestar de una comunidad que sus legisladores y legisladoras intenten crear política pública ignorando la realidad. Cada decisión que se toma desde la legislatura debe sopesarse tomando en consideración los efectos adversos que determinada ley podría acarrear. Eso supone tener la destreza de la oída, la capacidad de sustraerse de los convencionalismos que un legislador o legisladora tenga, y de saber reconocer cuándo una política pública puede colocar a la o el sujeto que se pretende proteger en una situación de mayor vulnerabilidad. Si puede evidenciarse que determinada política pública provocará mayor daño a las personas que pretende proteger y, aun así, se insiste en ello, pues estaremos ante piezas legislativas que solo se crean para imponer estilos de vida o lo que es peor, mantener el control y disciplinamiento de la población.
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