Una discusión seria de la gobernanza municipal debe tocar la dimensión legislativa, tema que nos refiere a la llamada separación de poderes. Nuestra Constitución consagra el principio al indicar que a nivel de Puerto Rico existen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, todos subordinados a la soberanía del pueblo. En términos políticos y legales, la idea es que cada uno de estos poderes tiene sus funciones y se debe estar vigilante de que uno no usurpe la autoridad del otro. Esto, no por mero formalismo, sino por aquella triste gran justificación que esbozaba el filósofo Montesquieu: la concentración de poder lleva a su abuso.
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