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Por años las reformas de nuestro sistema electoral han tenido como base el consenso de los diferentes partidos políticos. Así ocurrió con nuestra Constitución, carta magna que rige nuestro sistema de gobierno, en donde personas de todas las ideologías minimizaron sus diferencias por un bien común: el desarrollo de Puerto Rico en todas sus capacidades. Pretender enmendarlo nuevamente sin tomar en cuenta la opinión de los partidos de minoría, además de ser un asalto a la democracia, es un claro menosprecio a la voluntad de los puertorriqueños.
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