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Desde el 2017, ante la amenaza de la Junta de Control Fiscal de recortar las pensiones, la política pública del gobernador Ricardo Rosselló fue cero recortes a las pensiones. Esta política pública tranquilizó momentáneamente a los pensionados, pero crecía la incertidumbre con las preguntas ¿cómo se garantiza el pago de las pensiones? ¿La Junta se va a imponer con su poder congresional-colonial?
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