La última propuesta del Equipo Económico del Gobernador y sus consultores tendrá un impacto devastador para los bonistas puertorriqueños que poseen más de $15,000 millones o más del 20% del total de la deuda. La propuesta incluye un recorte de 30% a las obligaciones generales protegidas por la Constitución y a los bonos denominados COFINA garantizados por el impuesto sobre ventas (IVU). El recorte en los bonos del Banco Gubernamental de Fomento y del resto de los emisores podría exceder el 70%. Me pregunto si algún inversionista comprará en el futuro bonos de un país que no honra su propia Constitución ni respeta los contratos de garantía aprobados por su Legislatura.
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Plan para superar la crisis