El juez asociado retirado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Antonio S. Negrón García, realiza un análisis jurídico de la Ley 7 que da paso al referéndum del próximo 11 de junio.
El juez asociado retirado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Antonio S. Negrón García, realiza un análisis jurídico de la Ley 7 que da paso al referéndum del próximo 11 de junio.
Nuestra Constitución proclama la preeminencia del derecho al sufragio e impone a la legislatura el deber de garantizar la pureza del sistema electoral (Artículo II, Sección 2). Este mandato exige del jurista asegurar que en la legislación e interpretación de un estatuto electoral de génesis partidista esté presente el principio de la buena fe, evitando que le dé la espalda a los propósitos y fundamentos éticos. La Ley 7 de 2017, denominada “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, no está exenta de este sensible principio jurídico.
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